El Gobierno bonaerense oficializó hoy el decreto que establece una ampliación en la obligatoriedad de la presentación de Declaraciones Juradas (DDJJ) para todos los funcionarios provinciales.
Así lo estableció la gobernadora María Eugenia Vidal a través del decreto nº 407, por lo que ahora la norma, que hasta ahora incluía al Ejecutivo, ministros, directores, secretarios, personal policial y del servicio penitenciario, alcanzará a más funcionarios.
Todo el personal provincial alcanzado por la normativa deberá presentar las DDJJ en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha. En el caso de no cumplir con la presentación, serán intimados por los organismos de control. La Provincia invitó, además, los municipios a adherir al sistema.
La Declaración Jurada Patrimonial alcanza en Buenos Aires a un total de 55.000 personas, entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, subsecretarios y «todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado».
También están comprendidos el Escribano General de Gobierno, el contador y el tesorero General de la Provincia; el fiscal de Estado, los miembros del Consejo de la Magistratura, representantes del Ejecutivo provincial en entidades o empresas interjurisdiccionales, organismos públicos no estatales e integrantes del directorio o similares de la Administración Pública bonaerense, entre otros.
Otra novedad es que ahora los funcionarios y agentes deberán incluir en la Declaración Jurada Patrimonial Integral sus antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años, sean o no remunerados, incluyendo los que realizare al momento de su designación.
A partir de ahora, se deberá presentar una sola declaración y el sistema informático dividirá automáticamente lo público de lo reservado, que quedará guardado en forma encriptado por si algún funcionario judicial lo requiere mediante el procedimiento técnico que la autoridad de aplicación determine.
