9 de abril, 2019

El oficialismo bonaerense avanzará con un proyecto para penalizar a empresas que cometan hechos de corrupción en perjuicio del Estado o de casos de evasión fiscal u ocultamiento de balances.
La medida es impulsada por el bloque de senadores del oficialismo y será presentada esta semana. El proyecto crea el Proceso de Juzgamiento para Personas Jurídicas Privadas, un émulo bonaerense de la Ley de Responsabilidad Penal empresaria que rige a nivel nacional desde fines de 2017. El objetivo de la norma es perseguir penalmente a las empresas que participen de hechos de corrupción, casos de evasión fiscal o el ocultamiento y falsificación de balances.
El proyecto bonaerense sostiene que para las empresas se aplicarán «todas las disposiciones relativas al imputado, al acusado y al condenado, reguladas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y en las leyes especiales respectivas». El proyecto lleva la firma del senador Leandro Blanco, y será presentado este miércoles con la presencia del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.
En los fundamentos de la iniciativa se remarca que «la corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho, afectando no solo a la sociedad en un todo sino provocando mayor daño e impacto sobre las clases más vulnerables». Además, indica que «posee un impacto negativo en la igualdad de derechos, competencia y negocios en general aumentando los costos de producción y no dando seguridad a los posibles inversores», por lo que se sostiene que «para poder comenzar a revertir esta realidad resulta necesario que las personas jurídicas cooperen con las autoridades para una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal».
La norma señala que se perseguirán los delitos contra la administración pública cometido por empresas, como la participación en casos de corrupción, malversación de fondos o entrega de dádivas a funcionarios; la realización de balances e informes falsos y a evasión impositiva.
En un eventual juicio, la empresa será juzgada a través de su representante legal, quien corre el riesgo de ser encarcelado ante un eventual desacato o por falta de comparecencia ante el tribunal. Además, contarán con todos los derechos y garantías de cualquier persona física juzgada por este tipo de delitos, como el pedido de suspensión de juicio a prueba o la realización de un proceso abreviado. Incluso podría llegar a un acuerdo de colaboración para conmutar la pena a cambio de información que permita avances en la causa.
Las empresas también quedarán expuestas a condenas penales en caso de ser halladas culpables. Entre las sanciones, el juez podría disponer multas de hasta 5 veces el valor del beneficio obtenido ilegalmente; la restitución de las ganancias que sean el producto del delito; o la cesión a Estado de los bienes decomisados por la Justicia. También podría avanzarse en la disolución de la firma, si se comprueba que fue montada exclusivamente para cometer delitos contra el Estado bonaerense.


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