24 de octubre, 2018

Con el objetivo de que los internos alojados en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense adquieran conocimientos teóricos y prácticos que puedan utilizar como herramientas para reinsertarse en la sociedad, en 12 establecimientos carcelarios se dictaron 161 cursos de alfabetización digital para 2.092 personas privadas de libertad.
La iniciativa que propone la inclusión digital comenzó en agosto de 2017 gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Modernización de la Nación y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La finalidad de los talleres es que los alumnos obtengan las competencias necesarias para localizar, entender y analizar de forma adecuada la información a través de las tecnologías digitales.
Al respecto, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari dijo que “por iniciativa de la gobernadora María Eugenia Vidal, desde el Estado les estamos brindando a las personas privadas de la libertad una cantidad de elementos para que tengan una oportunidad y, así, aspiren a lograr una mejor reinserción social”.
En la Unidad 1 de Olmos participaron 211 internos de 16 cursos; en la 2 de Sierra Chica, hubo 267 inscriptos en 18 cursos; en la 6 de Dolores, desde marzo, se dictaron 11 cursos con una convocatoria de 97 alumnos. En tanto, en la Unidad 12 de Gorina fueron 12 los cursos para 128 inscriptos. En la Unidad 13 de Junín, 14 cursos para 146 internos; en la Unidad 19 Saavedra se dictaron 14 cursos para 203 alumnos, en la 28 de Magdalena, 8 para 68 participantes; en la 30 de Alvear, 14 para 167; y en la 39 de Ituzaingó, 146 cursaron divididos a lo largo de 12 capacitaciones. En la Unidad 41 de Campana se dictaron 14 cursos para 184 internos, mientras que en la 47, de San Martín, fueron 10 para 150 alumnos.
Cabe mencionar que, quienes aprobaron la capacitación, obtuvieron un certificado que les resultará útil a la hora de conseguir empleo. En ese sentido, tal como lo plantea el proyecto, se busca que la formación educativa esté ligada a la capacitación laboral para que quienes están privados de libertad adquieran “competencias profesionales básicas en relación directa con las necesidades actuales del mercado de trabajo”.


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