23 de octubre, 2020

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, con quien suscribió un acuerdo que permitirá formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
Durante el encuentro en Casa de Gobierno también estuvieron presentes los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el secretario de Economía Social nacional, Emilio Pérsico; y el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena.
“Firmamos el convenio para incorporar el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en la Provincia de Buenos Aires a los efectos de contener a un universo de trabajadores que no están enmarcados en el mercado laboral en términos formales pero que realizan tareas muy valiosas”,
explicó Larroque, quien agregó que “el Estado debe acompañarlos simplificando los trámites y los aspectos fiscales, y ayudando también con la comercialización de los productos que elaboran”.
Por su parte, Arroyo detalló que “en el ReNaTEP que pusimos en marcha en julio ya hay más de un millón de inscriptos, de los cuales 350 mil son bonaerenses. Esto implica que en la Provincia hay 350 mil hombres y mujeres que pasaron a ser monotributistas sociales, que tienen factura, que pueden acceder a crédito no bancario y recibir capacitación, es decir un conjunto de herramientas que les permiten potenciar su trabajo”.
Según se informó, la inscripción brinda la posibilidad de recibir capacitaciones y otorga beneficios legales y fiscales, como la incorporación en el monotributo social. También facilita el acceso a créditos productivos a tasas preferenciales y beneficios comerciales en ferias populares, y en el marco de los programas Compre Estatal y Compre Social.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 350.240 inscriptos en el registro, trabajadores de distintas ramas productivas como la agricultura familiar y campesina; el comercio popular y trabajos en espacios públicos; la construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental; industria manufacturera, recuperación, reciclado y servicios ambientales; servicios personales y otros oficios; servicios socio comunitarios; y transporte y almacenamiento.


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